Manuel Jurado fue suspendido de manera indefinida y posteriormente detenido por la Fiscalía Anticorrupción; permanecerá bajo prisión preventiva mientras se define su situación jurídica
Chihuahua.- La Fiscalía Anticorrupción del Estado cumplimentó una orden de aprehensión contra Manuel Jurado Torres, juez penal del Distrito Judicial Hidalgo, con sede en Parral, quien es investigado por presuntos actos de corrupción y posibles irregularidades relacionadas con su desempeño como juzgador.
La detención ocurrió después de que el Tribunal de Disciplina del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua determinara suspenderlo de manera indefinida como medida cautelar, tras detectar presuntas anomalías en algunas de sus resoluciones. De acuerdo con la información difundida, se habrían identificado posibles conflictos de interés debido a vínculos con representantes legales de personas involucradas en determinados procesos que estuvieron bajo su responsabilidad.
La medida representa, según la información dada a conocer, la primera suspensión de este tipo aplicada por el Tribunal de Disciplina desde la implementación del nuevo esquema del Poder Judicial en Chihuahua. La determinación busca evitar posibles afectaciones a las investigaciones mientras se esclarecen las actuaciones atribuidas al juez.
Horas antes de que trascendiera la detención, el fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela, informó que existen investigaciones abiertas contra 11 jueces y dos magistrados del Poder Judicial del Estado, derivadas de posibles hechos de corrupción. La detención de Jurado se produjo en este contexto de revisión de actuaciones dentro del sistema judicial estatal.
Tras ser detenido, Jurado Torres fue trasladado a un centro penitenciario, donde permanece bajo prisión preventiva en espera de comparecer ante un juez. Será durante las próximas etapas del proceso cuando la autoridad judicial determine su situación jurídica y se establezca si existen elementos suficientes para acreditar las conductas que se le atribuyen.
Hasta el momento, las acusaciones se mantienen en el ámbito de la investigación, por lo que corresponderá al proceso penal determinar la responsabilidad del juzgador y esclarecer las presuntas irregularidades señaladas por las autoridades.