La designación de Cruz Pérez Cuéllar como coordinador de Morena en Chihuahua destapó algo más que la inconformidad de los derrotados: abrió el viejo expediente de la llamada “nómina secreta” de César Duarte. Lucha Castro recordó públicamente en un post de Lucia Chavira, que el nombre del hoy abanderado guinda aparece en documentos relacionados con presuntos pagos por 2.5 millones de pesos, señalamiento que ha perseguido a Pérez Cuéllar durante años, aunque no constituye por sí mismo una sentencia. Morena podrá disfrazar la candidatura con el título de “defensor de la soberanía”, pero un nombramiento partidista no borra expedientes, antecedentes ni preguntas.
La respuesta de Lucía Chavira fue directa, pero no defendió a Cruz: atacó la congruencia de Lucha Castro. Le recordó que su cruzada anticorrupción aparentemente tuvo pausas estratégicas cuando procesar a Maru Campos podía perjudicar determinados intereses electorales. Y ahí está el verdadero pleito: dos mujeres lanzándose expedientes, recuerdos y conveniencias políticas, mientras la corrupción aparece como una bandera que se levanta o se guarda dependiendo de quién sea el acusado y de qué lado esté parado.
Lo más revelador es que ninguna de las dos desactivó el argumento de la otra. Castro dejó sobre la mesa los señalamientos contra Pérez Cuéllar; Chavira exhibió la presunta memoria selectiva de quien acusa. Al final, Morena pidió “unidad” después de designar a Cruz mediante encuestas, pero unidad no significa absolución ni silencio. En Chihuahua la anticorrupción ya no parece una causa: parece un garrote que cambia de dueño según la temporada electoral.
Cuando el expediente es del adversario, exigen justicia; cuando es del aliado, piden unidad.