La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que investigará irregularidades detectadas en las contrataciones públicas de todos los Órganos Públicos Locales Electorales (OPLEs), así como del Instituto Nacional Electoral (INE) y del entonces Instituto Federal Electoral.
El órgano fiscalizador señaló que “trabajos de inteligencia” y análisis de la información requerida a las entidades federativas, “advierten la comisión de múltiples irregularidades históricas en el ejercicio del gasto público vinculado por los OPLEs, el INE y el IFE”.
Indicó que trabaja en el “estudio histórico” de las adquisiciones del IFE, INE y todos los OPLEs, de 2000 a 2025, para identificar y dar a conocer patrones de contratación, concentración de proveedores y prácticas ilegales en el ejercicio de los recursos públicos por parte de los grupos empresariales y/o servidores públicos.
Así como una auditoría integral al INE y a la totalidad del gasto federalizado que se ejerce en los OPLEs.
Según la Auditoría Superior de la Federación, estas acciones las realiza en el ámbito de sus atribuciones con “independencia, rigor técnico y apego a la legalidad”.
Lamentable posición de la ASF
Al respecto, el jurista Francisco Burgoa aseguró que el comunicado de la ASF en el que anunció auditorías de 2000 a 2025 es “lamentable”.
En su cuenta X, señaló que si hoy el órgano fiscalizador dice descubrir “irregularidades históricas” desde el año 2000, está reconociendo que sus propias auditorías anuales al IFE, al INE y a los OPLEs no las detectaron o las ocultaron”.
Explicó que el artículo 79 de la Constitución establece la anualidad y solo permite revisar ejercicios previos de forma casuística y concreta, no mediante un “estudio histórico” masivo.
Además, puntualizó que los OPLEs son autónomos y la ASF solo puede fiscalizar recursos federales. Eso implica que, en teoría, también los órganos superiores de cada entidad van a auditar a su OPLE.
Precisó que casi todos los hechos anteriores a 2019 se encuentran prescritos, considerando que el plazo de prescripción es de siete años para las faltas administrativas graves o faltas de particulares.
Burgoa añadió que “cuando un caso concreto, el de la presunta corrupción en el INE encabezado por Guadalupe Taddei, exige una auditoría puntual, la respuesta es abrir veinticinco años de investigación”.
Esto, afirmó, no es rigor técnico, es una cortina de humo para acompañar la narrativa de Morena de que “todo es culpa del pasado y nada es culpa de ellos”.
La Aurora de México